Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR), organización independiente de derechos humanos con sede en El Cairo, denunció en un comunicado una nueva ola de represión y la detención de al menos veinte ciudadanos musulmanes shiíes en la capital egipcia. Según la organización, las detenciones comenzaron el 22 de junio, coincidiendo con los días de duelo por Ashura, y han suscitado una enérgica reacción por parte de esta entidad de derechos humanos.
Según el informe, los días 14 y 15 de julio, abogados de la EIPR participaron como defensores en las sesiones de interrogatorio celebradas por la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado para varios de los acusados. En el marco del expediente n.º 5635 (Seguridad Suprema del Estado), la Fiscalía ordenó la prisión preventiva durante quince días para diecinueve de los detenidos, mientras que una sola persona fue puesta en libertad.
Antes de ser trasladados ante la Fiscalía, estas personas permanecieron bajo detención preventiva en aplicación de la Ley Antiterrorista n.º 94 de 2015. La EIPR denunció que, durante ese período, las autoridades de seguridad ignoraron incluso los derechos fundamentales reconocidos a los detenidos por dicha legislación e impidieron toda comunicación con sus familiares y abogados.
Entre los detenidos se encuentra Haidar Qandil, periodista del diario Al-Dustour y miembro del Sindicato de Periodistas. Según su testimonio, fue arrestado por las fuerzas de seguridad cuando abandonaba su lugar de trabajo. La Fiscalía lo acusó de «dirigir y financiar una organización terrorista», y su interrogatorio se prolongó durante cerca de veinte horas.
El informe de la EIPR criticó especialmente la forma en que se llevaron a cabo los interrogatorios y la calificó como una violación manifiesta del derecho a la libertad de creencias. De acuerdo con el comunicado, los fiscales, en lugar de centrarse en las acusaciones penales, formularon preguntas exclusivamente relacionadas con las convicciones religiosas de los acusados, entre ellas cuestiones sobre las diferencias jurisprudenciales entre shiíes y sunníes, sus opiniones acerca de AhlulBayt (PB) y los Sahaba, e incluso ordenaron a uno de los detenidos recitar el adhán conforme al rito shií.
La organización de derechos humanos subrayó que en Egipto no existe ninguna ley aprobada que criminalice la adhesión a la escuela shií y afirmó que estas restricciones contradicen las posiciones oficiales de Al-Azhar. La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales recordó que los grandes muftíes de Al-Azhar, entre ellos Mahmud Shaltut en la década de 1950 y Ahmed al-Tayeb, actual Sheij de Al-Azhar, han reafirmado en diversas ocasiones la legitimidad de la jurisprudencia yafarí y la necesidad de que todos los ciudadanos disfruten de igualdad de derechos.
La EIPR advirtió además sobre la política del Estado egipcio de «castigar a los ciudadanos por sus creencias religiosas» y sostuvo que esta práctica se ha intensificado durante el último año, afectando a un amplio espectro de ciudadanos y de personas que expresan opiniones religiosas diferentes en las plataformas digitales. De acuerdo con la documentación de la organización, desde comienzos del año pasado al menos 79 personas han sido detenidas bajo acusaciones similares.
La organización concluyó su comunicado condenando las medidas de seguridad adoptadas contra estos ciudadanos y exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos en el expediente 5635, así como la retirada de todos los cargos contra quienes han sido perseguidos únicamente por ejercer su derecho a elegir sus creencias religiosas.
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